El Poder Ejecutivo ha observado las tres leyes relacionadas con el Poder Judicial que las adecuan a la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, a pesar de que han sido consensuada en el Congreso Nacional donde tiene mayoría el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Esas leyes son el Consejo del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional, sin contar la ley del voto del dominicano en el exterior para escoger siete diputados de ultramar.

Las observaciones que mayores debates han provocado han sido las del Consejo de la Magistratura y la del TC.

La Ley del CNM fue modificada para el quórum de ese organismo formado por ocho miembros sea de cuatro y no de cinco como aprobó el Congreso.

El presidente Leonel Fernández pidió que se apruebe la ley de CNM con esa modificación para que su vote resuelva cualquier empate en la toma de decisiones.

La oposición rechazó esa enmienda por entender que el quórum en todos los organismos debe ser la mitad más uno de sus miembros y de ocho son cinco.

La observación de Fernández fue acogida con el voto de la mayoría simple de los presentes en la sesión de la Cámara de Diputados, lo que fue rechazado por el PRD y los empresarios.

El PRD y el empresariado entienden que por tratarse de una ley orgánica las modificaciones sugeridas por el mandatario tenían que ser acogidas con el voto de las dos terceras partes.

Los peledeístas defendieron su aprobación y argumentaron que los dos tercios son para rechazar la observación del Poder Ejecutivo y que para acogerlas es con mayoría simple de acuerdo al artículo 102 de la Constitución.

Frente a esa decisión, el PRD por intermedio de su secretario general y su bloque de diputados, elevaron una instancia de inconstitucionalidad de aprobación por parte de sus colegas ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El presidente Fernández convocó a diversos sectores para discutir el tema de la mayoría simple o dos tercios de los votos para aprobar su observación.

El mandatario observó la Ley Orgánica del TC, porque se estableció 75 años como edad límite para el ingreso de cualquier miembro a ese organismo.

Fernández sostiene que viola la Constitución establecer edad para un cargo del Estado, debido a que la Carta Sustantiva es clara al señalar que no debe haber discriminación por edad, sexo o credo político para ningún puesto.

Nuevamente surge un enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno, porque los legisladores del PLD entienden que la observación puede aprobarse con mayoría simple y la oposición dice que es con dos tercios.

El Poder Ejecutivo también observó la Ley sobre la escogencia de siete diputados de ultramar, enmiendas que han sido rechazadas por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario.