El apresidente de la Suprema Corte de Justicia se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas y muchas veces contraproducentes. Recientemente se destapó proclamando que la República Dominicana debería verse en el espejo de Honduras.

Sin embargo, lo penoso y preocupante de las últimas declaraciones del Dr. Subero Isa sobre el golpe de Estado en Honduras resultan ser los pobres argumentos que utiliza. Y es que según el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el origen de la crisis política que devino en golpe de Estado en el país centroamericano fue la sustitución de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Hondureña.

¿ Cómo es posible que se pretenda explicar un Golpe de Estado en pleno siglo XXI por la simple remoción o sustitución de un juez de Suprema Corte de Justicia, si la misma se hace conforme a la Constitución y las leyes de un país? ¿ Será posible asociar un golpe de Estado con la instauración de una jurisdicción constitucional o con la simple destitución de jueces? ¿Qué puede estar detrás de esas declaraciones?

Resulta evidente que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha ido muy lejos en su afán por preservar los excesivos poderes que concentra la Suprema, y él de manera particular, hacia lo interno del Poder Judicial.

El paralelismo del golpe de Estado a Zelaya en Honduras con la situación política dominicana, por parte de Subero, a todas luces resulta repulsivo e inaceptable por cuánto evidentemente obedecen a intereses muy particulares. Amén de que semejante extrapolación no guarda en absoluto relación con la verdad ni con las razones que engendraron la deposición del jefe de Estado hondureño.

Si ha habido una acción inconstitucional de poder que ha generado repulsa en los últimos años en la opinión pública de nuestro país, ha sido precisamente la sentencia en que se declararon vitalicios en sus cargos algunos de los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

Esa decisión contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico, constituye hoy por hoy una de las pruebas documentales más irrefutables que evidencian la necesidad de la instauración de una jurisdicción constitucional en la nación.

Lo deseable sería que se instituyera un Tribunal Constitucional especializado e independiente de la Suprema Corte de Justicia y no una simple sala como está contemplado en el proyecto de reforma constitucional.