La verdad más contundente que se ha dicho sobre los fondos de pensiones es que no son capitales de emergencia, sino para garantizar el retiro laboral de los trabajadores y empleados aportantes, por lo que carece de sentido usar parte de esos recursos para generar un cuadro financiero fantasioso, efímero y perjudicial.

Se plantea un proyecto de ley que obligaría al sistema de pensiones a devolver el 30% de los ahorros acumulados por los afiliados para afrontar efectos económicos de la pandemia que asola al país y al mundo, sin entender sus patrocinadores que la sal saldría más cara que el chivo.

Conforme a esa iniciativa las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entregarían unos 173 mil millones de pesos, casi cinco veces más que el monto de la masa monetaria nacional, sobre la cual la economía no tendría capacidad para producir bienes y servicios suficientes que cubran la enorme demanda que generarían esos recursos.

La inflación se dispararía a la estratosfera estimulada por elevadas importaciones, y acentuada devaluación de la moneda porque gran parte de esos 173 mil millones de pesos irían tras los reducidos caudales de dólares en la economía, por lo que el cuadro sería alzas de precios y caos en el tipo de cambio.

Además de afrontar una escalada inflacionaria sin precedentes en los últimos 20 años, los trabajadores y empleados tendrían que esperar otros cinco años para recuperar el dinero que se habría vuelto sal y agua en sus manos, sin posibilidad de alcanzar los niveles de rentabilidad que las AFP habrían programado.

Otro problema de carácter macroeconómico sería el de cancelar bonos de Hacienda y del Banco Central que fueron adquiridos por las Administradoras de esa fondos para garantizar rentabilidad cercana a un 10 % en promedio, o también papeles financieros ofertados por empresas que cotizan en la bolsa de valores.

Gran parte del dinero circulante que dinamiza la economía a través del sistema financiero o del represado en el Banco Central para controlar la meta de inflación, corresponde a los más de 600 mil millones de pesos que representan hoy los fondos de pensiones.

El proyecto de ley que obligaría a devolver el 30% de sus ahorros pensionales a trabajadores y empleados es inviable, trastornador, peligroso e irracional, que de aprobarse sería altamente perjudicial para propios afiliados al sistema pensional y causaría una crisis económica de consecuencias impredecibles.