El director de la Policía ha designado una comisión de oficiales para investigar las circunstancias en que una patrulla de la institución dio muerte a un presunto delincuente en el interior de un apartamento, quien antes de su ejecución puso a circular un vídeo en las redes sociales en que se le escucha decir “hay niños, yo voy a abrir la puerta”.

Al occiso, Rubén Darío Hipólite Martínez, la Policía lo perseguía por estar acusado de encabezar una banda de asaltantes y herir de balas a un oficial de la Armada Dominicana y a su hijo de cinco años de edad que le acompañaba.

Vecinos del residencial Renata III, donde ocurrió el supuesto enfrentamiento a tiros entre Hipólite Martínez y la Policía, afirman que los agentes actuantes desoyeron su promesa de entregarse cuando llegara una mujer al lugar y que en cambio rompieron la puerta de entrada al inmueble y lo ejecutaron.

Por execrables que sean los crímenes imputados a una persona, ninguna autoridad tiene o debe arrogarse derecho de ejecutarlo, si puede capturarlo con vida sin que peligre la seguridad de los agentes actuantes o de civiles ajenos a la persecución.

Los imputados por crímenes o delitos deben ser apresados por una autoridad competente, aun sea con el auxilio o colaboración de las comunidades, sometidos a los tribunales y condenados a penas aflictivas e infamantes si los hechos son comprobados.

Se insiste en señalar que la Policía ni nadie tiene licencia para matar impunemente, sin importar si la víctima sea un ángel o un diablo, por lo que si Hipólite Martínez fue ultimado, sus perseguidores se hacen reos de homicidio o asesinato, porque no es posible ocultar un crimen con el manoseado sambenito de que ocurrió durante un “intercambio de disparos”.

Tan repugnantes son los crímenes que se le atribuyen al hoy occiso, como el que se denuncia perpetraron los agentes que lograron apresarlo con vida, pero lo condenaron a muerte en el acto, por lo que la comisión investigadora está compelida a esclarecer ese hecho, sin ningún tipo de ocultamiento.

La ciudadanía anhela y aspira a que la Policía desaloje a los delincuentes de las calles, que garantice orden y tranquilidad, pero en ningún estado de causa acepta como bueno y válido la ejecución artera de ninguna persona, bajo el indigno ropaje del «intercambio de disparos», porque aquí no hay pena de muerte, aunque se desee.