La ley general de educación 66-97 con su posterior modificación, establece indexación salarial cada tres años para los pensionados y jubilados del Ministerio de Educación, atendiendo al nivel de inflación que impere en el país. Desde entonces hasta hoy, hace 24 años, no ha habido ni un solo gesto de responsabilidad del cumplimiento de dicha ley.
Ni el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Inabima, ni el Ministerio de Educación ni la presidencia de la República se han ocupado de cumplir o hacer cumplir la ley, propiciando así la violación de la misma. No ha habido asomo de sensibilidad humana, social, político ni de apego al cumplimiento de la referida ley. Ninguna entidad gubernamental competente se ha ocupado de ese personal, muchos de los cuales trabajaron por más de 40 años al sistema educativo.
Los afectados no saben si ha sido por descuido, por maldad o por desconocimiento de la ley, que nadie ha cumplido con esa responsabilidad legal. En el país se han formado varias agrupaciones con el objetivo de reclamar reajuste del salario de ese personal, pero nadie ha hecho caso.
La ADP solo representa a los docentes activos, y por tanto ni siquiera ha sugerido nunca mejoría salarial para ese personal ni ha demandado el cumplimiento de la ley al respecto. Esa conducta sindical de pasados y presentes directivos de ese gremio engaveta en los archivos muertos y del olvido, la nómina de sus afiliados y afiliadas docentes, tan pronto pasan de activos a pasivos. Para el gremio ellos dejan de ser sus maestros, y asumen igual actitud que la cartera educativa, Inabima y demás.
Recientemente escuché al Sr. Rafael Frías Kelly, presidente del Movimiento de Educadores Retirados, MER, hablar en tono arengado y visiblemente indignado, decir que estaba gestionando encuentros con las demás agrupaciones de su igual, a los fines de consensuar la unificación de objetivos para demandar con dureza el cumplimiento de la ley 66-97 en beneficio de los educadores pensionados y jubilados de Educación.
En vez de conquistar voluntades como se venía haciendo, solo demandarán que las autoridades competentes cumplan con la ley y la consiguiente indexación salarial a los maestros/as jubilados y pensionados de Educación.
Por: Lic. Santiago Martínez
