La enojosa situación de dos asambleístas perredeístas captados por cámaras de televisión cuando votaban con controles de otros legisladores ausentes se pretende disipar con un pedido de perdón sin tomar en cuenta la gravedad y repercusión de ese fraude.

El 96 por ciento de lectores que participaron en una encuesta sobre el tema en la edición digital de El Nacional votó a favor de que se aplique algún tipo de sanción punitiva o disciplinaria a esos congresistas.

Es de suponer, pues, que la mayoría de la población expresa indignación por el crimen que significa intentar sufragar en nombre de legisladores ausentes para abultar los votos en una propuesta de modificación constitucional.

La presidencia de la Asamblea Nacional Revisora y el bloque del Partido Revolucionario (PRD), al que pertenecen esos asambleístas, erróneamente consideran que con una amonestación y pedido público de perdón se subsana esa afrenta ética, penal y política.

Sucede que ese fraude lesiona muy severamente la credibilidad de la ciudadanía en cómo se ha realizado la amplia modificación de que ha sido objeto la Constitución de la República.

¿Cómo garantizar que que ese tipo de fraude, consistente en usar los controles de votación de legisladores ausentes, no haya sido perpetrado en otras ocasiones, incluido en votaciones cerradas o referidas a artículos controversiales?

El resultado de la encuesta de la edición de El Nacional Digital, demuestra que ante ese hecho deleznable, la sociedad se bate entre indignación y frustración.

La dispensa del perdón no resulta válida. Por el contrario, eleva los niveles de irritación ciudadana y disminuye la precaria valoración que la colectividad tiene sobre el Poder Legislativo.

Se reclama investigar si ese fraude ha sido perpetrado en otras ocasiones y, que al menos, los responsables sean severamente sancionados.