A un año de promulgada la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es nula su aplicación al no elaborarse ni uno de los 34 reglamentos para su aplicación, afirman empresarios del transporte.

La legislación la promulgó el Poder Ejecutivo el 21 de febrero de 2017, publicada con el número 10875 en la Gaceta Oficial el 24 de febrero de ese año.
La normativa creó grandes expectativas porque se proclamó que va a erradicar el caos en el tránsito y reducirá los accidentes.

Entre los reglamentos a elaborar el Intrant están el de las tarifas de pasaje, licencia, inspección vehicular, marbetes, transporte, escolar, fiscalizaciones talleres, taxis, monto de multas, y otros.

La ley 63-17 creó el organismo regulador, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant).

Antonio Marte, de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), enfatiza que “eso es una ley más, sólo teoría, no va a resolver nada”, pero otros aseguran que la directora del Intrant tiene buenas intenciones, pero que la boicotean desde el Gobierno al no otorgarles recursos para operar”.

Aseguró que esa ley si se aplica sepultará los transportistas, para entregarlo al sector privado.

El abogado Pedro Guillermo Estévez, de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre (CANTT), subrayó que el artículo 101, numeral 2, de la ley 63-17, si se aplica dejará sin trabajo más de 30 mil choferes del concho, porque los conductores con más de 65 años no podrán conducir vehículos de pasajeros, y que el 80% de los vehículos del transporte público urbano no cumplen con los requisitos que exige la Ley de Tránsito.
Precisó que si se hace una revisión actual de los vehículos, el 55% de los que circulan en las calles están desfasados y el 80% descontinuados para ofrecer servicios en las rutas urbanas del Gran Santo Domingo y Santiago.

Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), afirmó que la ley 63-17 viola la Constitución en varios aspectos sobre los derechos civiles, políticos y de trabajo de las personas.

Un Apunte

En seis meses

El artículo 359 de la Ley 63-17 indica sobre la entrada en Vigencia. “La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo”, y en un plazo de seis meses se debe elaborar los reglamentos. Debieron estar listos el primero de julio, seis meses después, y la falta de los reglamentos se aplazó para diciembre, y a poco días de un año no se sabe cuándo será.

Mientras que Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, (Fenatrado), sintetizó que la Ley 63-17 afecta a los camioneros, “es una normativa hecha al dedillo para que en el transporte de carga sólo participen los que tengan capacidad de lavar de dinero”.

Apuntó que esa ley entra en contradicción con la Ley 155-17, de antilavado y antiterrorismo, porque no hay un órgano que regule la tarifa en el transporte de carga.
En el país hay tarifa para todo, energía, agua, colegio, basuras, transporte público de pasajeros, para el combustible, para las operaciones portuaria establecido por Decreto, y otros, dijo.

El también diputado entiende que la ley no ha entrado en vigencia por carecer de reglamento y la población no tiene conocimiento de ella. “No se han establecido reglas para que se fijen políticas claras en los diferentes sectores”.

Los transportistas deploraron la ausencia de una campaña educativa y de orientación sobre la Ley 63-17, razón que lleva a la población a tener poco conocimiento del alcances.

Juan Marte dijo que la directora del Intrant, Franchesca de los Santos, unicamente ha hecho media-tours con los transportistas. “Pues no tiene dinero, porque la Procuraduría de la República se agencia el 75% de las multas.

William Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), valoró las buenas intenciones de la titular del Intrant, y lamentó que desde el Gobierno no se respalde su labor, “y solo se esté hablando y hablando. Esa Ley ya está vieja y sigue el caos en el tránsito”, señaló.