El ministro de Hacienda reveló ayer que posiblemente en noviembre serían subastados unos mil vehículos oficiales de alto cilindraje usados por funcionarios o usufructuados por particulares lo que implicaría un ahorro de miles de millones de pesos y la consolidación de una imagen de frugalidad que el Gobierno procura proyectar.

La ciudadanía aplaudiría con delirio si en verdad el presidente Danilo Medina cumple su promesa de desmontar a servidores públicos de automóviles y yipetas de lujo de alto consumo de combustibles, cuyo uso y disfrute contrasta con las precariedades que padece la mayoría de la población.

Esos vehículos pescuezos largos son de uso abusado por funcionarios y allegados que no pagan ni un solo centavo en combustibles ni costean sus costosos mantenimientos, todos lo cual corre a costilla de los contribuyentes.

Son muchos los ministros, viceministros y jefes departamentales que tienen asignado más de un vehículo de las instituciones donde laboran y algunos se han autoasignado flotillas para el disfrute también de familiares y amigos, por lo que se requiere poner fin de inmediato a tan irritantes privilegios.

No hay razón para que un servidor público, de cualquier categoría, disponga de un vehículo de lujo adquirido con recursos del Estado, si las actividades cotidianas bien pueden realizarse en un carro o camioneta de valor y mantenimiento moderados.

Es por eso que se recibe con beneplácito el anuncio del licenciado Simón Lizardo, de que se organiza una subasta para vender al mejor postor un millar de carros y yipetas de lujo, que hoy ruedan por calles, avenidas y autopistas a costa de los dineros públicos.

El funcionario que desee pavonearse a bordo de un vehículo de alto cilindraje, con costo superior a los cien mil dólares, debería adquirirlo con sus propios recursos y proveerlo de combustible y mantenimiento con dinero salido de sus bolsillos o renunciar al cargo si considera que no merece transportarse a bordo de un carro utilitario.

El Gobierno no es para parrandear ni hacer ostentación de riqueza con dinero público, por lo que se aplaude la decisión del presidente Medina de desmontar a los funcionarios de los vehículos pescuezos largos que serán subastados a quienes deseen adquirirlos y pagar con su dinero el lujo que no puede ni debe proveer el Estado.