La Cámara de Diputados debe investigar las graves acusaciones de extorsión que se hacen contra el legislador perremeísta Sergio Moya (Gory), y tras concluir sus indagatorias hacer un pronunciamiento público sobre el caso, consideró esta mañana la nueva coordinadora nacional de Participación Ciudadana, Lizzy Sánchez.
Consideró que la cámara a la que pertenece Gory, miembro del PRM, en este caso la de Diputados debía tomar medidas, como sería investigar las imputaciones contra el empresario de las bancas de apuestas y de lotería.
Al mismo tiempo Sánchez dijo que el actual Ministerio Público es el mejor que ha tenido República Dominicana en años.
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“La cámara a la que pertenece debería estar tomando y estar haciendo ellos sus investigaciones también, es lo que entiendo, las imputaciones que se hacen serias, parece que hay pruebas según el Ministerio Público, entonces deberían estar tomando medidas realmente”, consideró.
Agregó que “debía investigar y asumir posición al respecto, porque se trata de acusaciones muy graves”.
Destacó que en los casos de corrupción que está investigando el Ministerio Público son los propios acusados quienes están dando detalles de la forma en que se cometían los supuestos delitos.
Consideró que partiendo del expediente que ha revelado la Procuraduría General de la República, no parece que se trate de un caso de politización del caso porque son los propios acusados quienes reconocen los hechos.
“Parecería que no hay politización del Ministerio Público, el expediente eso es lo que indica, que son gente de ellos mismos que están declarando y que están sirviendo de testigos. Los involucrados son personas de ellos mismos, y los que están declarando y están devolviendo dinero, sino por qué devolverían el dinero y las sumas que están devolviendo verdad, habría que preguntarle, si usted no ha hecho nada por qué usted devuelve dinero y las sumas que están devolviendo, no estamos hablando de tres centavos”, sostuvo la dirigente cívica.
Añadió que “ellos hablan de persecución política, eso no nos extraña, lo que ellos deben hacer es exigir que se cumpla con el debido proceso y que se haga justicia, yo creo que nosotros en estos momentos tenemos quizás uno de los mejores, sino el mejor Ministerio Público que hemos tenido en muchísimos años, lo tenemos ahora”.
Sánchez consideró que el Ministerio Público es realmente independiente y está haciendo un buen trabajo en su lucha contra la corrupción administrativa.
Dijo que los acusados lo que deben exigir es que los fiscales demuestren con pruebas en los tribunales las acusaciones que les hace el Ministerio Público.
Procuraduría
De acuerdo a la Procuraduría General de la República, cuatro delatores del caso Calamar señalan al diputado Sergio Moya como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, uno de los ramales delictivos del supuesto entramado de corrupción denominado Calamar.
Los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo contaron en los interrogatorios con los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, “Goris” Moya habría fungido como coordinador de la recolección del dinero irregular. En la operación Calamar se habrían dilapidado más de RD$19,000 millones.
Los fiscales de la Pepca acusan al grupo de actuar en connivencia con Ministerio de Hacienda, y se dedicaban a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería y deportivas, a las cuales les cobraban una mensualidad para permitirles operar.
Ramón Emilio (Mimilo) Jiménez, principal delator del caso Calamar, explicó a los fiscales que el diputado Sergio Moya tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esa estructura, los vivía engañando con la recaudación.
