El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) solicitó al presidente electo Luis Abinader la elaboración de un programa para que en sus cuatro años de gestión 600 mil micro, pequeñas y medianas empresas puedan formalizar sus actividades.

Conacerd estima que esa formalización será el punto de soporte para que se firmen los pactos eléctrico y fiscal, que forman parte de los ejes de la ley 01-12 de estrategia nacional de desarrollo.

Antonio Cruz, vicepresidente de Conacerd, dijo que en Republica Dominicana existen 1,4 millones de mipymes que representan el 98 % del total de las empresas.

Estas generan 2.2 millones de empleos lo que equivale al 54.4 % de la población ocupada en el mercado de trabajo. Además aportan al PIB 38.6 % lo que demuestra la gran fortaleza económica que exhiben las mipymes.

Precisó que el 90 % de esas Mipymes son informales, el 50 % de los empleos que generan también son informales, cuyos empleados no disfrutan de los derechos laborales y de la seguridad social.

“Esto demuestra que no ha habido interés de los gobernantes anteriores y los de turno, de desarrollar programas educativos destinados a la formalización de las mipymes, dejando de lado el sector de mayor producción de ingresos para el fisco y la generación de empleos.

Cruz Rojas, hizo un llamado a las nuevas autoridades, especialmente al presidente electo para que dediquen tiempo y recursos a la formalización de las mipymes, las cuales no podrán aprovechar ni responder a ningunas de las facilidades monetarias y gubernamentales, que pueda implementar el gobierno, si estas no están formalizadas.

En las condiciones actuales dijo que no mas 10 % de las mipymes podrán ser beneficiadas, lo es un estancamiento para el desarrollo económico del país, pues sus aportes para el fisco son mínimos.

Un Apunte

Distribución

Cruz Rojas dijo que las mipymes, por su distribución en la actividad económica, es decir, comercio 46.7 %, servicios 38.4 % e industrias 14.9 %, son un referente de hacia dónde deben los gobernantes destinar recursos para formalizarlas, lo que se reflejará en la economía nacional, según su ubicación geográfica ya que el 83.3 % está en zona urbana y el 16.7 % en la rural.