SANTO DOMINGO ESTE.- La firma Legus Enterprises, Ltd., propietaria de los Astilleros Navales de Santo Domingo Este, en la margen oriental del Río Ozama, presentó una denuncia ante la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, en contra del empresario José Ignacio Acero Ruiz y otros dos hombres por el asalto a mano armada perpetrado contra las instalaciones de esa empresa en la madrugada del pasado 5 de agosto, donde por lo menos tres personas resultaron heridas.

De acuerdo a la denuncia, los señores Acero Ruíz, Nelson Peguero y Antonio Jiménez Olivo, habrían sido corresponsables de la violenta incursión contra los Astilleros Navales protagonizada por unos 50 hombres provistos de armas de fuego y artefactos explosivos de fabricación casera, acción que fue repelida por el personal de seguridad de la empresa. Afirma que los autores del asalto actuaron de manera sigilosa, al margen de la autoridad legal y sin la presencia de la fuerza pública.

Además de disparar contra los astilleros, los agresores también intentaron incendiar una de las embarcaciones ancladas en el lugar, indica una declaración de prensa suscrita por el licenciado Miguel Ángel Pichardo, administrador de Legus Enterprises.

Según Pichardo, la acción vandálica puso en riesgo no solo las cuantiosas inversiones de los astilleros, que sobrepasan los cien millones de pesos, sino también las embarcaciones navales que reciben servicio y la seguridad de cientos de familias que residen en el entorno, en los barrios conocidos como la Javilla y la Cotorra.

Por su parte, el licenciado Nelson Pimentel abogado de Legus Enterprises, Ltd., demandó la rápida y urgente intervención de las autoridades, solicitando al Jefe de la Policía Nacional Mayor General Manuel E. Castro Castillo, al Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito y al Ministro de Defensa Almirante Sigfrido A. Pared Pérez, una exhaustiva investigación para establecer las responsabilidades condignas y sancionar a los autores directos e indirectos de este atentado contra la seguridad pública y la seguridad jurídica.