La Cumbre de Contadores latinoamericanos, celebrada en Punta Cana, Bávaro, solicitó al ministro de Hacienda de República Dominicana, Simón Lizardo, poner en práctica las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP), como forma de garantizar la transparencia de los recursos que administra el Gobierno.

También demandó que el contralor general de la República, Haivanjoe NG Cortiñas, dé supervisón en materia de control interno a la puesta en funcionamiento de las normas NIC-SP, según lo establece la ley 10-07.

En la Cumbre de Las Américas de Contadores y Auditores participaron más de 600 delegados de 20 países latinoamericanos con el objetivo de analizar los avances de ese sector en el hemisferio.

El evento fue organizado por la Asociación Interamericana de Contadores (AIC) y el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD).

Pedro Matos, presidente del ICPARD y vocero de la cumbre, dijo que corresponde al Ministerio de Hacienda, como órgano rector de las finanzas públicas, aplicar las normas que los organismos internacionales emiten, a los fines de que los estados financieros sean elaborados en base a normas reconocidas mundialmente.

Matos manifestó que la forma más correcta de administrar los miles de millones de pesos que manejan los gobiernos en gasto de capital y gastos corrientes, es a través de la ejecución presupuestaria, poniendo en práctica las normas NIC-SP.

Dijo que Hacienda dominicana debe corregir las distorsiones del sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) para que se garantice una contabilidad estatal uniforme y armonizada entre el gobierno central y las instituciones descentralizadas, empresas públicas y los ayuntamientos.

Las Normas de Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público (NIC-SP) son emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y contribuyen en la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Dijo que si el gobierno de Danilo Medina quiere eficientar el manejo de los recursos percibidos, deberá tener la voluntad política para aplicar la Ley 126-01 de Contabilidad Gubernamental y 10-07 de Control Interno en toda su magnitud.