La fundación Equidad, que actualmente ejecuta un plan de acción en defensa de los derechos del consumidor en el sector combustibles, planteó que “sólo por la vía del diálogo las gasolineras agrupadas en Anadegas concertarán con el Ministerio de Industria y Comercio una interpretación jurídicamente adecuada sobre la regulación aplicable a la compensación por temperatura, que pondría fin a los diversos conflictos surgidos durante los últimos años”.

El vicepresidente ejecutivo y vocero de la entidad, José Alejandro Ayuso, consideró que la Resolución 64 del 1995 fue de imposible aplicación porque los propietarios de estaciones de gasolina (distribuidores y/o detallistas) no cumplieron con los requisitos para que operara la transferencia del margen, además de que múltiples acciones legales impidieron que esta medida se ejecutara”.

Luego en el año 2000 intervino la Ley Tributaria de Hidrocarburos No. 112, la que contempla que la transferencia de propiedad de los combustibles debe recorrer la cadena de comercialización que va desde los importadores hasta llegar a los consumidores finales de dichos productos, pasando por los distribuidores, transportistas y detallistas.

Entiende la fundación Equidad, “que la interpretación jurídicamente correcta del artículo 5 de la referida Ley 112-00 es la que hace el Ministerio de Industria y Comercio al considerar que, de acuerdo a la legislación tributaria dominicana, el Consumidor Final es el consumidor último de un bien o de un servicio que no empleará dicho bien o servicio como parte de ninguna operación o actividad mercantil ulterior”.

Visto lo anterior, “Anadegas no está en lo cierto cuando considera que son los detallistas los que deben recibir un incremento en su margen de beneficio por efecto del ajuste por temperatura aplicable al precio de los hidrocarburos que expenden en sus estaciones de servicio cuando, de acuerdo a la normativa vigente, esta compensación debe ser descontada del precio de venta al consumidor final del combustible como plantea el MIC” .

Luego de analizarla, la fundación también entiende “que la resolución que Anadegas pretende sea retirada del proceso consultivo por el Ministerio de Industria y Comercio lo que plantea es crear un mecanismo práctico, simple, transparente y costo eficiente que permita el cálculo del ajuste por temperatura”.