Hay que decirlo sin ambages: el presidente Leonel Fernández ha propinado una peligrosa estocada al orden institucional al rebasar sus límites con la creación de una comisión de juristas para asesorar al Congreso Nacional sobre la controversial normativa del Tribunal Constitucional.

El asunto no está en que comisiones, cumbres, talleres y seminarios se hayan convertido en los recursos más ineficaces para abordar cualquier conflicto, como el impasse en torno a las funciones del polémico Tribunal Constitucional. Ni siquiera en el sabor amargo que han dejado las juntas de notables. El caso está en que las cámaras legislativas se suponen tan independientes como el propio Ejecutivo y la Justicia, sin importar que en la práctica hayan devenido en un burdo sello gomígrafo que, para colmo, se han colmado de privilegios.

Tras la decisión del Senado de prohibir que el Tribunal Constitucional revise las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, el proyecto se ha empantanado en la Cámara de Diputados, en donde el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no cuenta con mayoría absoluta. Y es lo que se ha procurado resolver con la desafortunada entrada en escena del jefe del Estado.

El debate del que surgió la desdichada comisión de juristas podía ser muy saludable, pero tampoco lucía que fuera patrocinado por el Presidente de la República. En todo caso, debió ser una iniciativa de los congresistas en interés de forjarse una idea más acabada sobre una instancia cuya eficacia, en honor a la verdad, estará por verse.

De hecho, la comisión de expertos nada cambiará. Al menos el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtió que no cejará en su oposición a que el Ejecutivo limite las atribuciones del Tribunal Constitucional. El juego, de todas formas, está trancado, pero con el agravante de la violación a que se ha expuesto el Presidente de la República.

Los fines que se persigan con la comisión es lo de menos. Lo grave es lo que representa una decisión que procura arreglo al margen del ordenamiento jurídico, amén de cuestionar la proclamación de 2011 como Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Si el Congreso ejerciera siquiera un ápice de la independencia que le otorga la Constitución hubiera denunciado la designación de la comisión de expertos como una violación del Ejecutivo de la separación de los poderes. Siquiera para guardar las apariencias.