La Fundación Nacional de la Juventud y el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, presentaron hoy una denuncia por ante la Procuraduría General de la República contra el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez y el abogado Julio Cury, porque el primero alegadamente pagó más de 4 millones 500 mil pesos de los recursos públicos al segundo por concepto de su defensa en el proceso en el que ha sido encartado.
La Fundación Nacional de la Juventud y el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, presentaron hoy una denuncia por ante la Procuraduría General de la República contra el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez y el abogado Julio Cury, porque el primero alegadamente pagó más de 4 millones 500 mil pesos de los recursos públicos al segundo por concepto de su defensa en el proceso en el que ha sido encartado.
La denuncia fue depositada en la secretaría de la PGR, por los representantes de dicha entidad Domingo Rojas Pereyra, José Ortiz y el dirigente político Guido Gómez Mazara.
Los denunciantes dijeron que esa acción es un evidente desfalco al Estado dominicano castigado por el artículo 171 del Código Penal, con penas que van desde dos a cinco años de cárcel.
“Estamos denunciando en nombre de la fundación para que el Ministerio Público investigue esta denuncia y establezca consecuencias para los implicados”, refirió Ortiz.
En tanto que Gómez Mazara explicó que no se pueden utilizar fondos públicos para defensa privada y que el expresidente de la Cámara de Cuentas pagó su defensa con dinero de ese organismo fiscalizador del Estado.
“En función de eso lo que queremos es que se cumpla con los procedimiento de Compra y Contrataciones, caiga quien caiga, y que se determine los responsables”, destacó.
De la denuncia fue apoderada la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige el procurador adjunto Wilson Camacho.
El 22 de febrero de este año el Ministerio Público allanó las oficinas de la Cámara de Cuentas mediante la ejecución de una orden judicial emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por la supuestas irregularidades cometidas en las auditorías realizadas por dicho organismo.
