La Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip) literalmente ha perdonado la vida a centenares de pacientes al anunciar que por el momento no suspenderá los servicios a afiliados a las diferentes Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como se había anunciado en reclamo de que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) disponga un aumento en los cobros por esas prestaciones.

Aun así, el gremio empresarial mantiene esa espada de Damocles sobre el cuello de la población, al advertir que en la medida que pase el tiempo informará a los pacientes sobre la situación que confrontan las clínicas y las medidas que se adoptarán.

En una ocasión anterior, esa asociación anunció el propósito de incrementar en un 14 por ciento los precios de todos los servicios médicos, pero un rechazo casi unánime a tan draconiana iniciativa desalentó a sus patrocinadores.

De más está decir que la atención médica estatal o privada es asunto de orden público y de interés social, que posee rango de derecho constitucional, por lo que ese servicio no puede ser ofrecido u ofertado como si se tratara de una actividad común de lícito comercio en la cual el mercado y sus agentes determinan los precios.

Lo que se ha puesto en riesgo es al sistema de seguridad social, aún en vía de expansión y consolidación, posiblemente la más alta conquista social obtenida en el marco del precario espacio democrático.

Los dueños y accionistas de clínicas privadas no deberían obviar que sus inversiones se desarrollan en un ámbito muy restringido, aunque altamente rentable cuando se manejan con eficiencia y apego a normativas éticas y empresariales, sin que el libre comercio ni la iniciativa privada otorguen patente para lesionar la seguridad social, que es soporte esencial de un anhelado régimen basado en la equidad y la justicia.

Para conciliar intereses, la vía del diálogo entre autoridades, clínica, personal médico, paramédico y suplidores debe estar siempre expedita, sin amenazas ni acciones temerarias que pongan en peligro el sagrado derecho a la salud, por vía de un régimen de seguridad social basado en el principio de la equidad y la universalidad.

Se aconseja a la directiva de la Asociación de Clínicas Privadas no navegar contra la corriente de la inclusión social, adecuar sus negocios a los regímenes de afiliación del CNSS, canalizar sus demandas por vías civilizadas y evitar en todo lo posible actuar con prepotencia e insensatez como acostumbran los mentados sindicatos o asociaciones del transporte ya proclamados dueños del país.