Opinión

¿Por qué se niegan?

¿Por qué  se niegan?

Cuándo será que algunos funcionarios públicos entenderán que están obligados a rendir cuentas y, por lo tanto, a no violentar bajo ningún concepto lo establecido en la constitución?
¿Acaso será que a algunos de ellos les gusta más de la cuenta ese jueguito peligroso?
¿Por qué no seguirle los pasos al señor Presidente, quien exige que los funcionarios del gobierno mantengan un comportamiento ético?
¿Estarán planificando algo con malas intenciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué se niegan?

Un funcionario es un servidor público como otro cualquiera, aunque ocupe un cargo de alto nivel dentro de la administración pública.
¿Será que para nada les interesa que los señalen con el dedo índice acusador?
¿Cómo es posible que algunos funcionarios pretendan ignorar las exigencias válidas de las instituciones fiscalizadoras, responsables de evitar y perseguir dondequiera que se encuentre la corrupción administrativa?
¿Quién les ha dicho a ellos que están exonerados de presentar sus declaraciones juradas?
¿Acaso ignoran esos funcionarios, quienes representan la minoría, que con sus conductas inapropiadas se convierten en culpables y fortalecedores de la percepción equivocada que existe en el seno de la población de que todos los funcionarios son corruptos?
Todas estas preguntas, y otras no menos importantes, deberían de hacérselas los funcionarios que erróneamente se consideran con libertad absoluta para hacer lo que se les antoje en la administración pública.
Un funcionario es un servidor público como otro cualquiera, aunque ocupe un cargo de alto nivel dentro de la administración pública.
Es más, precisamente por ocupar esa posición privilegiada está llamado a convertirse en un ejemplo administrando correctamente los bienes del Estado.
Y con razón. Puesto que negarse a aproximarse a la raya de la transparencia los conduce, de manera directa, hacia la otra raya que representa la corrupción administrativa.
Lo cierto es que nadie, y menos quienes hayan sido nombrados mediante decreto, está autorizado a obstaculizar los esfuerzos que está realizando este Gobierno para que sus funcionarios administren con pulcritud los fondos públicos.
En conclusión, resulta difícil uno explicarse y entender el porqué de la tozudez de algunos funcionarios de no desear cumplir con lo que establecen las leyes dominicanas.

POR: Oquendo Medina

El Nacional

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