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Continuando con mi artículo anterior sobre la necesidad de aprobar en este año la ley de partidos políticos y la ley electoral, resumo lo siguiente: Las primarias simultáneas consignadas en la ley de partidos solo para los partidos que alcanzaron el 5% o más en las elecciones de mayo de 2016, con los padrones de cada organización política, sería el mayor aporte que el referido texto legal le pueda hacer a las ansias democráticas que tienen los dominicanos.

Ha quedado claro que esta conquista no tiene nada que ver con la llamada ley de lemas que se impulsó en el 2004, y que pereció con el recurso de inconstitucionalidad sometido por el hoy presidente de la Junta Central Electoral. Sus inquietudes relacionadas con este punto han quedado claras y satisfechas.

En el proyecto de ley de partidos, que actualmente se discute en el Congreso, esto ha quedado muy claro. Las primarias no son obligatorias para todos los partidos del sistema, al consignar que el resto de los partidos hagan sus asambleas o convenciones conforme a sus propios Estatutos. Solo participarían en las primarias simultáneas los cuatro partidos que alcanzaron el 5% o más de votos en las elecciones de 2016.

Otro aspecto importante consignado en el proyecto de ley de partidos es el relativo al financiamiento de los partidos. Se consigna que los partidos recibirán el financiamiento público, consignado en los aportes que hace la Junta Central Electoral, y sobre el financiamiento privado se dispone un tope a estos aportes.

De igual manera, se prohíbe expresamente que empresas como Odebrecht puedan hacer aportes a partidos o a candidatos. Esto tendrá un impacto positivo, porque el dinero sucio se sacará y excluirá de la política.
Igualmente, en la propuesta del PRM, hay una serie de recomendaciones relacionadas con restricciones y eliminaciones de la participación del Estado en las campañas electorales.

Estamos sugiriendo una serie de garantías electorales para asegurar que efectivamente las instituciones gubernamentales vinculadas con los programas sociales, nómina pública, inauguraciones y la presencia del presidente y funcionarios que estén en campaña, sean suspendidas durante el período de campaña electoral. Asimismo, recomendamos la figura del Fiscal Electoral para perseguir los delitos electorales.