La Alianza Dominicana Contra la Corrupción cuestionó este sábado y calificó como preocupante el aumento de 80 millones de dólares que se pretende hacer a través de dos adendas al préstamo para la construcción de la hidroeléctrica Palomino, que se realiza en San Juan.

Se trata de dos agregados, uno aprobado por el Congreso y otro enviado para esos fines por el Poder Ejecutivo, con las cuales se pretende sumarle 80 millones de dólares al préstamo inicial de 270 millones de dólares.

La adenda inicial era de 50 millones de dólares, pero a través de dos más se le pretende sumar 80 millones de dólares al préstamo, lo que incrementaría su costo en 130 millones de dólares, según observó la Alianza Dominicana contra la Corrupción.

Recordó que el contrato inicial era de 270 millones de dólares, por lo que la obra costará ahora 400 millones de dólares, recursos provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Organización no gubernamental cuestionó también la adenda al contrato de construcción de la autopista del Coral que se hizo por 88 millones de dólares, proyecto que inicialmente costaría 255 millones de dólares, elevando el costo aproximadamente a 300 millones de dólares.

La Alianza Dominicana contra la Corrupción dijo que el apéndice enviado al Senado por el Poder Ejecutivo se suma a dos enmiendas suscritas entre el Consorcio Autopista del Coral, S.A., y los ministros de Hacienda y Obras Públicas, a nombre del Estado, el 20 de agosto del 2008.

El coordinador general de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio, declaró que los agregados se han convertido en una práctica recurrente por parte de las autoridades.

Se ha convertido en una práctica recurrente, que en todas las obras en las que participa la empresa constructora ODEBRECHT, siempre son sometidas a adendas que elevan considerablemente los costos iniciales de las mismas.

Dijo que para él resulta sospechoso que se haya aprobado una adenda a penas a pocas horas de la instalación de los congresistas.

Sin estudio

La entidad anticorrupción duda que la adenda haya sido estudiada por el Congreso, debido al poco tiempo de instalación que tienen los congresistas. Dice que resulta sospecho que ese aumento hayado sido sometido al Congreso y aprobado en tiempo record, sin el debido tiempo para el estudio de la pieza legislativa.