WASHINGTON, AP.- El Departamento de Estado expresó el viernes su preocupación por acciones recientes de algunos gobiernos de la región que afectan la libertad de expresión y el trabajo de la prensa independiente.

Muchos de estos retos provienen de gobiernos que no aceptan las críticas, dijo el portavoz Ian Kelly en una declaración.

Otros proceden de organizaciones de narcotraficantes, carteles y otros actores no estatales que tratan de evitar que la prensa informe sobre sus actividades ilegales. Kelly no identificó a país alguno en particular, pero en días recientes varios diarios estadounidenses, entre ellos The Washington Post, habían mencionado la violencia, hostigamiento e intimidación que la prensa independiente estaba encarando en Venezuela. Otros medios han informado de asesinatos y secuestros de periodistas, incluyendo casos en Guatemala y Honduras.

Una prensa independiente y libre es elemento vital de toda democracia y juega un rol crítico en la promoción de la prosperidad, seguridad y dignidad humana, dijo Kelly. La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Marco Antonio Barco Estrada, corresponsal del canal Telediario en Chiquimula, Guatemala. La relatora Catalina Botero Marino pidió a las autoridades guatemaltecas investigar este crimen de manera rápida y eficaz.

Barco Estrada fue muerto a tiros el 6 de junio cuando se bajaba de su motocicleta. Reportero por más de 20 años, cubría información general para Telediario, lo que incluía información referida al crimen organizado y tráfico de drogas, dijo la CIDH. Ha sido el segundo asesinato de un periodista en Guatemala en lo que va de 2009. En abril, Rolando Santiz, también reportero de televisión, fue asesinado a tiros en Ciudad de Guatemala cuando volvía de cubrir un acontecimiento policial.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de Nueva York, elogió a su vez al Congreso uruguayo por la aprobación de un proyecto de ley que despenaliza el delito de difamación en casos de interés público referido a funcionarios y elimina cláusulas de desacato.

El proyecto está ahora bajo consideración del presidente Tabaré Vázquez. Recordó que la reforma en Uruguay se produjo un mes después de que Brasil eliminó la Ley de Prensa de 1967 que imponía penas por calumnias e injurias.

En abril de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón, promulgó también una ley que eliminó la injuria y calumnia del código penal a nivel federal, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil.

Apoya decisión Uruguay

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de Nueva York, elogió al cngreso uruguayo por la aprobación de un proyecto que despenaliza el delito de difamación en caso de interés público referido a funcionarios y elimina cláusula de desacato.