Conforme a un conjunto de apreciaciones mediáticas del escenario político vernáculo, se perciben presagios agoreros que convidan a reflexionar en relación a un inminente peligro que se cierne en el país por el ejercicio de la democracia que entraña escollos enormes para implementar la gobernanza, la paz social y que prevalezca la armonía de la partidocracia, hoy en ascuas. Veamos.

El 19 de julio último, la Asamblea Nacional, expresada en 167 votos a favor y 23 en contra, aprobó la proclama de Danilo Medina y Margarita Cedeño como presidente y vicepresidente de la República, a repetir en el cuatrienio 2016-2020.

En esa histórica cita congresual, los legisladores de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Partido Revolucionario Moderno (PRM), las dos instancias políticas mayoritarias de oposición, decidieron abandonar el recinto de la Asamblea Nacional, motivado por la acusación de que no se examinaron debidamente las actas de elección en la Junta Central Electoral, conforme lo establecido por la Carta Magna…

El líder principal opositor al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Abinader Corona, excandidato presidecial del PRM, no demoró un instante en apoyar la decisión de su partido y del PRSC, adobando esta ricura: “Ese informe disidente de la oposición es una prerrogativa propia de la vida parlamentaria democrática y su rechazo es otra muestra de la proclividad del PLD a no respetar el rigor constitucional”.

La legisladora Minou Tavárez Mirabal, ejerciendo desde la oposición por primera vez un trabajo político de proyección, fue más lejos, al considerar que la proclamación de Danilo Medina y Margarita Cedeño, “es nula e ilegal de pleno derecho porque las actas no fueron remitidas como manda la Constitución”.

Esos pronunciamientos de los dos políticos de oposición delatan una lectura en dos vertientes, la primera, la imposición por el albedrío de los recursos económicos volcados por el presidente Medina para imponer la reelección, una acusación coherente de la oposición, y lo que es peor, el cuestionado rol del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, validando un proceso viciado de suspicacias, símil de irregularidades.

En la encuesta diaria de El Caribe del pasado 9 de julio, cuestionando la decisión del PRM de no acudir al acto de entrega de certificados a los ganadores de los comicios del 15 de mayo, un 72.8% la estimó incorrecta y un 27.2% correcta.

La encuesta de ese diario del 8 de noviembre de 2014 referente a si procede modificar la Constitución nueva vez, un 65.7% rechazó y un 34.3% aprobó, revelación de o una dicotomía o un evidente criterio ciudadano bipolar.

El 7 de julio último, una información calzada por el periodista de El Nacional Arístides Reyes, ilustra el dominio de las instancias de poder del presidente Medina controlando la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Junta Central

Electoral, Cámara de Cuentos o Cuentas, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Superior Electoral y las Altas Cortes, todo en un macuto conducido como el hombre aquel con el bacalao a cuestas.

Así, la democracia pierde su esencia y se diluye en una farsa, y todo lo que dimana de esa instancia resulta imposición fáctica y, en consecuencia, sin base jurídica, sin eco popular, porque todo lo decide un sanedrín caribeño identificado en el todopoderoso Comité Político del PLD de 35 individuos, que deciden el destino o desatino de diez millones de dominicanos, idéntico a otros sanedrines caribeños en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Es consecuencia de ese peligro que amenaza colapsar la democracia, la gobernanza y la paz social, que Luis Abinader estimó, en declaraciones recogidas por los diarios el ocho de julio, expresó preocupación de que la preponderancia manifiesta del PLD en imponer la presidencia de los bufetes directivos del Congreso, “afectan el equilibrio y la institucionalidad”.

La ambición desmedida de controlar los estamentos decisorios de la vida política e institucional del país que demuestra el PLD y el presidente Medina constituyen elementos altamente preocupantes de la ciudadanía, inclusive de no pocos peledeístas ante esta desmesurada concentración de poder que fulmina la disidencia y la gobernanza.

El día ocho de julio último, un cable de prensa de la agencia española EFE, fechado en Managua, Nicaragua, versa en relación a la decisión de la oposición al presidente Daniel Ortega que aspira la vitalización en el poder, de no legitimar la farsa electoral del próximo noviembre en que Ortega pretende continuar en el poder, estigmatizado por la corrupción y el dominio de todas las instancias decisorias nicaragüenses, igual que en RD.

El mecanismo establecido del funcionamiento de la democracia no admite farsas, imposiciones de fuerza o por aplastar por la argucia económica, porque entonces no es democracia, sino un traje pret a potter diseñado al entalle del mandón de turno, y eso es peligroso, porque podría culminar con la abstención de la oposición, y sin oposición, se enseñorea del escenario la arbitrariedad y el despotismo, que es el caldo de cultivo para la rebelión, el estallido social y el advenimiento de sucesos impredecibles y terribles.