En la República Dominicana, hasta hace poco tiempo, no existía una efectiva defensa institucional de los derechos de los consumidores, y cuando eso se ha estado logrando con persistencia y conciencia sobreviene una sutil oposición mediática y empresarial, interesada en desconocer la normativa de protección a los irrenunciables derechos de todas las personas que concurren al mercado en demanda de bienes y servicios.

¿Qué es un consumidor? En términos económicos, un consumidor podría definirse como una persona u organización pública o privada que concurre al mercado en demanda de bienes y servicios ofertados por el productor o el proveedor, siendo un agente económico que se encuentra al final de una cadena de transacciones productivas y comerciales.

Es innegable que el Estado puede influir sobre las decisiones de compra de los consumidores aprobando regulaciones sobre controles de calidad y el tipo de publicidad, exigiendo garantías de veracidad e, incluso, a pesar de la llamada mano invisible del mercado que determina los precios en el mercado, incidiendo en la determinación de los precios de los bienes y servicios.

El Adam Smith (1723-1790), filósofo y economista británico que investigó, desde su óptima metodológica, el comportamiento del mercado y de los consumidores escribió una frase lapidaria en su obra clásica La Riqueza de las Naciones (1776): Los comerciantes de la misma actividad casi nunca se reunen, aunque sea por alegría y diversión, sin que la conservación concluya en una trama contra el público o en una conspiración para elevar los precios.

Pro Consumidor es el organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), que supervisa el desarrollo de las operaciones comerciales de compra y venta en el mercado nacional. Su función principal es establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la República Dominicana.

Y ahora que está de moda en la República Dominicana el tema de la calidad de los salami (producto de gran consumo popular) debido a la denuncia de Altagracia Paulino, directora ejecutiva de Pro Consumidor, sería conveniente que los empresarios criollos colaboren más con el Estado para que los bienes y servicios que llegan al mercado cumplan con la normativa correspondiente.

El cuestionamiento que durante años los consumidores hacen a la calidad de los embutidos criollos no es una invención de Pro Consumidor, órgano estatal facultado para recepcionar las denuncias que al respecto hacen los ciudadanos.

Es necesario asumir conciencia de que el consumidor no es un simple agente pasivo que espera a que le ofrezcan los productos y servicios, sino que es un actor activo con el poder suficiente para lograr cambios en las ofertas y hasta en las mismas empresas, para que se ajusten a sus requerimientos y necesidades. Por eso es importante que el Estado dominicano siga brindando su apoyo institucional a Pro Consumidor, entidad que goza de credibilidad y respeto ciudadano. ¿Quién lo niega?