La debida coordinación entre las políticas monetaria y fiscal constituye la vía más provechosa para el logro de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI), indicador que mide el valor en dinero de todos los bienes y servicios que se produce en una economía durante un período determinado, generalmente un año.

La meta de toda gestión gubernamental (sin importar apellido ideológico) consiste en garantizar la estabilidad relativa de la tasa de cambio, la cual hace referencia a la cantidad de unidades de moneda nacional que se debe entregar a cambio de una moneda extranjera, así como disminuir la tasa de interés (que expresa el costo del dinero) y un efectivo control de la inflación (relativo a los precios de los bienes y servicios).

Y es obvio que el crecimiento económico de un país (medido a través del PIB) es una ruta obligada para la búsqueda del desarrollo humano mediante una justa distribución del ingreso cimentada en la reducción del desempleo y en la inclusión social. Se trata de armonizar la macro con la microeconomía. Un reto para todo gobierno.

El Gobierno, en cuanto representante institucional del Estado, dispone de instrumentos para influir en el comportamiento de la economía interna, siendo los principales las políticas fiscal y monetaria.

Los instrumentos de política fiscal son aquellos relacionados con los impuestos que cobra el gobierno, el endeudamiento público, así como con sus gastos; mientras que los de política monetaria tienden a regular la cantidad de dinero que circula por el torrente financiero de la economía.

Ante señales inequívocas de recesión por los predios de la Unión Europea (UE), una frágil recuperación económica de Estados Unidos y un reducción en el ritmo de crecimiento de China, sería un pecado capital apostar a la receta contractiva, es decir, a la reducción irracional del gasto público y a los recortes en las inversiones sociales (salud, educación, vivienda, seguridad social, subsidios a los sectores sociales más deprimidos), dejando atrás el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

En la UE se hizo énfasis en la adopción de una política monetaria común (con el euro como moneda única) pero nunca se puso en práctica una política fiscal común.

Un simple error de cálculo en los hacedores de políticas públicas podría alterar el nivel de coordinación entre las política monetaria y la fiscal, generando graves desajustes en el desempeño económico y en el ritmo de crecimiento del PIB, lo que impactaría negativamente en la tasa de desempleo, la demanda interna y en la estabilidad del tipo de cambio o prima del dólar, afectando de se modo la competitividad de las exportaciones nacionales respecto de las importaciones.

Porque no debemos olvidar -ni por un segundo- que una política fiscal restrictiva en momento de un lento crecimiento económico impactaría negativamente sobre el mercado interno, afectando de esa manera a las ventas y los ingresos de las empresas.

Si se redujese el gasto público a niveles imprudentes (en vez de apostar a una mejor calidad y racionalidad en su ejecución) se produciría una falta de liquidez (dinero) que presionaría sobre la tasa de interés. Al reducirse el crecimiento económico caerían los ingresos tributarios del Estado. Entonces, ¿cómo se alcanzarían las metas sociales del Gobierno?