¿Cómo reducir el déficit fiscal sin poner en peligro el funcionamiento de la economía interna y abandonar la ruta del crecimiento? ¿Se puede impulsar el desarrollo económico y social de un país recortando el gasto público más allá de lo que la prudencia aconseja y frenado las inyecciones de inversiones públicas en la esfera de la producción de bienes y servicios?

Los economistas y políticos que postulan la aplicación de un drástico recorte del gasto público deberían reflexionar acerca de semejante propuesta, pues al parecer no toman en cuenta el correlativo aumento de los ingresos del Gobierno y la incidencia del entorno económico internacional sobre el desempeño productivo, comercial y financiero del país.

El presupuesto de gasto para el año 2013 presentado por el Gobierno asciende a unos 469 mil millones de pesos, pero el Consejo Económico y Social (CES) se opone a dicha propuesta al considerar que el mismo debería reducirse a tan solo 410 mil millones de pesos… ¡50 mil millones de pesos menos!

Pero ocurre que para partidas presupuestas impostergables (tales como el 4 por ciento para la educación, intereses de la deuda, inversión pública, salud y seguridad social, funcionamiento de los tres poderes del Estado y el asignado a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales) el Gobierno deberá gastar unos 368 mil millones de pesos, a los que se deberían agregar unos 130 mil millones de pesos para cubrir compromisos de más instituciones públicas, pero…

¿De donde saldrá el dinero necesario para cubrir el gasto público durante el 2013? La fuente fundamental de ingresos del Gobierno -en cuanto administrador del Estado- son los impuestos, la carga tributaria en sentido general. Los ingresos fiscales se estiman en unos 334 mil millones de pesos, a los que se adicionan ingresos provenientes de organismos crediticios multilaterales, donaciones y otras fuentes financieras.

El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma fiscal profunda que implica impuestos aplicables a bienes y servicios que elevarían la baja presión fiscal imperante en la economía dominicana, considerada como una de las más bajas de la región latinoamericana y caribeña. Los que plantean una drástica reducción del gasto público también se oponen a la aprobación de nuevos impuestos para incrementar los ingresos presupuestales.

Sin el aumento de los ingresos del Estado no seria posible aplicar, por ejemplo, la partida del 4 por ciento para la educación. Además, recortar bruscamente el gasto público sería hundir a la economía interna en las turbulentas aguas de la recesión y los conflictos políticos-sociales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene en su informe semestral Perspectivas económicas globales (8 de octubre) que la Unión Europea debería de flexibilizar su política de reducción del gasto público, pues de continuar con esa política fiscal contractiva podría acelerar el advenimiento de la recesión global. Pero en América Latina y el Caribe el FMI exige la reducción del gasto y el aumento de las tasas de interés.

Pero en la República Dominicana un sector empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) unido a supuestos representantes de la sociedad civil y a grupos populares, confundidos con la actual coyuntura económica nacional e internacional, parecen adoptar una posición más radical que el FMI al proponer para el presupuesto del 2013 una brusca reducción del gasto público y de los ingresos fiscales. Y eso sería el hundimiento de la estabilidad macroeconómica del país. ¿Quién lo duda?