La aplicación de la reforma fiscal aprobada por el naciente Gobierno del presidente Danilo Medina es una decisión no tanto tormentosa como responsable y coherente con una visión estratégica tendente a incrementar los ingresos del Estado para destinar más dinero al gasto social, a las inversiones en sectores productivos y en el funcionamiento institucional del Estado.

Actualmente la presión tributaria o fiscal ronda el 13% del producto y aunque la reforma la elevará, poco más o menos, a 15%, pero continuará muy por debajo de la media regional que ronda el 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y muy por debajo de países como Brasil (con un 32 por ciento), Argentina (25 por ciento) y Uruguay (22 por ciento), entre otros.

Cuando un Estado registra ingresos por debajo de sus compromisos de gastos en las esferas de salud, educación, vivienda, transporte, seguridad social, inversiones en la producción agropecuaria, energética e industrial, así como impostergables compromisos con el pago del servicio de la deuda pública, entre otros, se hace imperativo la concertación de un gran pacto fiscal que concentre a los diversos sectores públicos y privados de la sociedad en la búsqueda de soluciones a la falta de recursos financieros para impulsar el desarrollo económico y social.

La República Dominicana es parte de la región latinoamericana y caribeña, y en esta parte del globo terráqueo se vive un proceso de desaceleración del crecimiento económico como resultado directo de los graves problemas productivos, comerciales y financieros que agobian a la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Japón, entre otros países desarrollados.

Estados Unidos todavía no logra superar los estragos generados por la Gran Recesión (2008-2009) que se desató bajo la forma de crisis inmobiliaria, profundizando los niveles de endeudamiento público, frenando los flujos de inversión y registrando una alta tasa de desempleo, todo lo cual mantiene en jaque el frágil y lento proceso de recuperación de la economía estadounidense, constituyendo el principal reto económico a enfrentar por el reelecto presidente Barack Obama.

¿Y qué ocurre por los predios de la UE? Es esa zona del globo terráqueo cunde la incertidumbre ante la fragilidad del sistema monetario europeo debido al alto nivel de endeudamiento público existente entre los países miembros unido a la aplicación de rígidos programas de ajuste fiscal que frena la marcha del crecimiento económico incidiendo en el incremento del desempleo y en la pérdida de los beneficios de la seguridad social alcanzados durante décadas. Los conflictos socio-políticos están a la orden día.

En América Latina y el Caribe se debate la necesidad impostergable de mantener la marcha de la economía mediante prudentes inyecciones de gasto público en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social, tales como educación, salud, vivienda, transporte y apoyo persistente al sector agropecuario y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) las cuales generan alrededor más del 60 por ciento del PBI regional.

La República Dominicana no vive en una caja de cristal. Los dominicanos debemos tomar muy en cuenta lo que está ocurriendo en el entorno internacional. Y la reforma fiscal recién aprobada por el gobierno dominicano es una especie de seguro de vida para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en tiempo de turbulencias e incertidumbre en la economía mundial.