Presencia económica

APP: ¿Más inversión?

De los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más de la mitad ha incursionado en el terreno de las Asociaciones Públicas Privadas (APP) como mecanismo de captación de inversiones extranjeras para el impulso de la construcción de obras de infraestructura.
El 2019 podría ser un año muy especial para el impulso regional de las inversiones extranjeras directas mediante el mecanismo de la gestación de asociaciones público-privadas (APP) para fortalecer el desarrollo infraestructural mediante el impulso creativo de modernos medios de transportes para cargas y pasajeros, terminales portuarias para la comercialización de mercaderías y la recepción de los flujos turísticos.
Las APP son modalidades conjuntas de inversiones entre el sector público y el privado donde se conjugan el aporte de financiamientos, capacidades tecnológicas y criterios gerenciales para la creación de importantes y necesarias obras de infraestructuras que se transforman en plataformas materiales para el incremento de la riqueza material y de soluciones a demandas históricas de servicios públicos por parte de sectores productivos, comerciales y financieros, así como de la población en sentido general.
Para el Banco Mundial (BM) una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.
Se reconoce que la base infraestructural de las economías desarrolladas supera en mucho a la existente en los países subdesarrollados, dentro de los cuales se encuentran los latinoamericanos y caribeños, a tal punto que para cerrar esa brecha la región tendría que invertir no menos del 7 por ciento del valor medido en dinero de los bienes y servicios que un país produce en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año y que se conoce como Producto Interno Bruto (PIB).
Se podrá apreciar que no existe una unificación de criterios en torno a producir una definición sobre las APP que goce de aceptación general, a pesar de que son muchos los países que han aprobado leyes reguladoras de estos mecanismos de captación de inversiones extranjeras adaptándolas a las características de su entorno institucional.
En el caso concreto de la República Dominicana podemos afirmar que hasta los inicios de este año 2019 no existe una efectiva regulación normativa en materia de las APP, pero diversos han sido los proyectos que se han estado ejecutando mediante la suma de los intereses financieros y gerenciales público-privados. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch y también en construcciones de carreteras.
Definitivamente, la carencia de recursos financieros podría limitar a un país en su estrategia de desarrollo infraestructural, por lo que asociar al Estado a los intereses financieros y gerenciales del sector privado para el logro de la citada meta constituye una oportuna decisión en materia de política de inversión.