Las pruebas que tiene la Fiscalía del Distrito contra los alegados sicarios que según la autoridades asesinaron al coronel retirado José Amado González González, a Omar Antigua y al empresario Rubén Soto Hayet, se basan en llamadas telefónicas que se hicieron en las inmediaciones de los lugares de los hechos, dijo este jueves el doctor Pedro Duarte Canaán, abogado de uno de los imputados.

Canaán, defensor de Gian Enrique Rojas Matos, denunció que su cliente fue torturado en la Policía para que se declarara culpable.

Sostuvo que contra éste solo existe como prueba una llamada telefónica que le hizo a su esposa en la cercanía de unos de los lugares de los hechos.

Por tal razón, prepara para someter en las próximas horas el recurso de apelación contra la medida de coerción de un año de cárcel que le impusieron a su defendido, dijo el abogado.

Fue virtualmente raptado por el jefe de la Policía, el día 30 próximo pasado; mi cliente fue vilmente torturado, le pusieron una funda en la cabeza, lo trataron de manera grosera, lo incomunicaron, no me permitieron a mí verlo, no le permitieron a sus familiares verlo y lo mantuvieron más de las 48 horas violándole los plazos constitucionales, denunció el doctor Canaán.

Declaró que después lo sometieron a la justicia con una acusación frágil, en vista de que se trata de una llamada que Rojas Matos hizo a su esposa en la cercanía de uno de los lugares de los hechos.

Precisó que la acusación de la Fiscalía carece de fundamentos, en vista de que no tiene un informe de balística, ni las armas homicidas ni testigos y acusadores.

La juez interina del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, envió por un año al recinto carcelario a Rojas Matos y a Ricardo Pérez Mateo, hasta tanto el Ministerio público concluya con las pesquisas.

Para justificar la prisión preventiva, alegó que los abogados no presentaron presupuestos que puedan avalar su puesta en libertad y que existe peligro de fuga.

La magistrada Reyes Beltré acogió un dictamen de prisión preventiva en contra de los imputados, presentado por la fiscal adjunta, Cándida Ramos.