PRIMERA FILA

Habría que ver ahora cuáles serán las consecuencias para el Estado de la decisión del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de desacatar el plazo de la Comisión Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH) para designar un representante ante la audiencia por el supuesto despojo de nacionalidad a descendientes de haitianos. El magistrado Roberto Rosario no obtemperó ni siquiera el ruego del canciller Carlos Morales Troncoso para que la JCE se hiciera representar ante la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su negativa la basó en que se había concedido un tiempo muy breve para la JCE preparar su defensa, al tiempo que calificaba de irresponsable y sin fundamento en hechos reales la demanda interpuesta por colectivos que defienden los derechos de haitianos y domíco-haitianos. Al no ser la primera vez que el Estado es sentado en el banquillo de los acusados por conflicto con inmigrantes y descendientes de haitianos, Morales Troncoso, previendo las consecuencias, trató de mediar ante la JCE. Pero el presidente del organismo se ha enrocado, advirtiendo que no irá.