Ley 340-06
El proceso de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE), que hasta ahora ha navegado viento en popa, podría chocar con un gran obstáculo en su acelerada trayectoria. No se trata de problemas técnicos, sino de conflictos legales, que obligarían a un alto en el camino. Según el Observatorio Ciudadano de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la JCE está legalmente obligada a cumplir con la Ley 340-06.
Su presidente Roberto Rosario, que ha convertido la cedulación en un asunto de interés nacional e incluso anunció un premio para cuando se llegue al millón, ha reivindicado el carácter autónomo del tribunal para no someterse a las normativas que se exigen a todas las entidades que administran fondos públicos, incluidos poderes como el Legislativo y el Judicial. La litis al respecto está desde hace tiempo en manos de los tribunales.
Todavía fuera como alega el presidente de la JCE, rendir cuentas a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas daría más transparencia a las operaciones financieras del tribunal.
El Nacional
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