En cuenta
La Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas ha sido una herramienta importante contra la corrupción. Pero al no contemplar un régimen de consecuencias contra quienes se las arreglan para burlarla, la legislación necesita actualizarse. Es lo que ha planteado la directora del organismo, Yokasta Guzmán, en un loable interés para desincentivar a los funcionarios que contemplen réditos de procesos amañados. Pero también con el propósito de eliminar trabas que limitan la participación de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones.
La legislación necesita tanto de redefinición como de ampliar la cobertura y endurecer las penas contra los que se presten y sean encontrados culpables de violarla.
Además de la autoridad y respeto que se ha ganado por el celo que ha observado en las compras y licitaciones en el sector público, son atendibles las razones que ha expuesto la funcionaria para afinar a través de un régimen de consecuencia una legislación que ha demostrado ser más que necesaria. Los congresistas no deben demorar en la aprobación del proyecto cuando sea presentado. Sería un aporte a la transparencia.
El Nacional
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