Intriga
Por las náuseas que ha generado el escándalo de corrupción en la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) intriga que por deficiencias en el expediente a algunos de los imputados no se les pudieran conocer medidas de coerción.
Lo ocurrido con el mayor José Japa Alvarez, quien fue libertado por la juez Wendy Martínez porque los fiscales dejaron vencer el plazo de las 48 horas para presentarlo, no se presta más que a suspicacias. Al no ser la primera vez que los fiscales dejan vencer los plazos, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, debería abrir una investigación. Por las deficiencias en la instrumentación de expedientes, que ha motivado la liberación de acusados de corrupción o narcotráfico, se ha acusado siempre a los jueces.
El caso del mayor Japa Alvarez no es tampoco la única interrogante que ha aflorado sobre la instrumentación del expediente en torno al escándalo de corrupción en el departamento antidrogas de la Policía. También la exclusión de otros oficiales contra quienes la propia Policía había encontrado indicios para ser acusados.
El Nacional
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