Desafío

Ni sospecha legítima ni íntima convicción. En el traslado de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el Poder Judicial tendrá que exponer las razones de la medida. No le queda de otra, tanto para cumplir con el mandato de la Justicia como para despejar la tormenta que se ha levantado. Y más cuando uno de los afectados, Rafael Ciprián, ha calificado su degradación de abuso de poder y la ha atribuido a retaliación política.

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, tiene, en aras de la pulcritud, que exponer las causas de los traslados.

Es impensable que se trate de una medida caprichosa o por el desacreditado recurso de “conveniencia en el servicio”. Al ser adoptada después que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, denunciara alarmantes irregularidades tanto en la jurisdicción administrativa como inmobiliaria, la decisión mancha la reputación de los afectados.

Pero además la Justicia no se puede permitir el lujo, por la desconfianza que generaría, de violar leyes ni procedimientos.