El barrilito
No solo porque sea una competencia desigual frente a los demás candidatos. El barrilito, en lugar de suspendido, como ha dispuesto la Junta Central Electoral (JCE), debe ser eliminado en vista de que las obras sociales no son funciones legislativas. El Fondo de Gestión Social, a través del cual los senadores se asignan desde 450 mil hasta más de un millón de pesos mensuales para ayudar a la gente a resolver problemas es una de las peores distorsiones del sistema social y político.
En ese sentido tiene razón el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, al sustentar que el programa “constituye una desnaturalización de las funciones primigenias propias del Poder Legislativo, que son la legislativa, fiscalizadora y representativa”.
La JCE, dentro de las atribuciones que le asigna la Constitución de garantizar equidad y transparencia en la utilización de los fondos públicos dispuso la suspensión del oprobioso programa hasta que concluyan las elecciones. Pero tratándose de una vulgar distorsión de la función legislativa, el barrilito debe ser eliminado.
El Nacional
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