República Dominicana sigue, y parece que seguirá por mucho tiempo, a merced de un sector industrial -el de generación eléctrica- que impone sus propias reglas de juego sin que ninguna autoridad pueda hacer algo más que encaminar a la ciudadanía a una guillotina. Cada vez que se menciona la posibilidad de revisar los contratos de generación eléctrica, el país se apaga literalmente como por arte de magia.
Ahora, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional está conteste en que sólo con la revisión profunda de contratos viles u onerosos se podría abordar con relativa esperanza de éxito la crisis eléctrica, empresas del sector sacan de servicio plantas generadoras por cualquier quítame esta paja. Se dice que la salida de esos equipos procura también presionar al Gobierno para que pague más de 700 millones de dólares que adeudará a fin de año a los generadores, pero también es lógico que la presión tenga conexión con las negociaciones anunciadas por el Gobierno en procura de un Pacto Eléctrico.
Hay que decir que esta vez es la vencida, que las autoridades están compelidas a reclamar revisión total de esos contratos sin importar que el planeta empiece a girar al revés.
El Nacional
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