En víspera de la discusión sobre la reforma fiscal, el ministro de Economía introdujo un elemento inquietante con su señalamiento de que la última palabra sobre el destino del proyecto la tiene el Congreso. Temístocles Montás no dijo más que la verdad. Pero lo que pasa es que si las cámaras legislativas no forman parte del consenso se corre el riesgo de que los intereses políticos y personales aborten cualquier arreglo sobre la reforma. Es bien sabido que antes que renunciar a sus ofensivos privilegios los senadores se han decantado por una campaña contra las exenciones de que disfruta el sector empresarial. La advertencia del ministro de Economía puede ser una forma del Gobierno lavarse las manos sobre la suerte de una reforma de la que por ahora lo único que se sabe es que no se gravarán los productos de la canasta básica. En contra de nuevos impuestos para incrementar las recaudaciones, diferentes entidades han planteado la reducción de partidas al Congreso, la Presidencia y varios ministerios. Por lo visto, el suspenso apenas ha comenzado

