El contralor general de la República, Haivanjoe Ng Cortiñas, cortó por lo que entendía más sano al renunciar a la pensión de 651.5 mil pesos mensuales que se otorgó cuando fue relevado de la Superintendencia de Bancos. Pero la suya, que ha sido la que ha destapado el escándalo, es sólo una de las 49 por más de 20 millones de pesos mensuales que se otorgaron al amparo del Plan Complementario de Jubilaciones y Pensiones para Empleados de la Superintendencia de Bancos. Hasta una mensajera aparece con una pensión de unos 28 mil pesos mensuales por los 29 años que dice ha laborado en el sector público. En la relación figura un intendente, Daris Javier Cuevas, con una pensión de 437,369, y un subgerente, Atahualpa Pedro Domínguez, con 317,364.52. Pero el único que en medio del escándalo ha renunciado al privilegio ha sido el actual contralor general de la República. Si el Gobierno no toma las medidas que demanda el escándalo se le hará muy difícil justificar la necesidad de mas ingresos a través de la reforma fiscal que contempla.

