Hace apenas unos días la opinión se escandalizó cuando un tribunal de la provincia Santo Domingo dispuso la libertad de un hombre acusado de 36 asesinatos por falta de pruebas. Pero antes un empresario gallístico, que era perseguido por crímenes relacionados con el narcotráfico, también había sido puesto en libertad en San Cristóbal por las mismas razones. Y ahora, como gota que colma la copa, un comerciante detenido en 2009 y sometido por lavado de activos también acaba de ser liberado por los tribunales porque el Ministerio Público no pudo sustentar la acusación. ¡Como que es demasiado! Y más aún si se toman en cuenta setencias a favor de acusados de narcotráfico dictadas últimamente por jueces de Samaná, Puerto Plata, Barahona, Monte Plata y San Cristóbal. No se sabe en qué están cada uno de esos casos, aunque el Ministerio Público había anunciado que apelaría las sentencias. Lo de Carlos Julio Solano, a quien también se ordenó devolverle 50 millones que le habían incautado, es para que se investigue. No puede ser solo deficiencia.
El Nacional
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