Las razones que alegó el Poder Ejecutivo para cancelar a 46 agentes de la Policía, incluyendo oficiales, constituyen un reto para el propio Gobierno. Las sanciones por violaciones de las leyes, incumplimiento de deberes, amistad con delincuentes, corrupción y riña con la ética no pueden ser exclusivas para los agentes policiales, sino para todos los servidores públicos. Es lo que se supone, para tampoco dar lugar a que se sospeche que la depuración es otro de los tantos bultos propio de las autoridades. Al margen de si a los afectados se les permitió defenderse de las imputaciones en su contra. Al citar los motivos por los cuales se solicitó la cancelación del grupo, el mayor general José Polanco Gómez asume un soberano compromiso en el proceso de saneamiento de la Policía. La amistad con narcotraficantes, acusados de lavado y otros delito es muy relativa, además de que no siempre implica conocimiento o solidaridad con las acciones. Si Polanco Gómez está obligado a profundizar el proceso, el Poder Ejecutivo lo está más todavía.
El Nacional
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