Al denunciar el barrilito como un mecanismo ilegal de financiamiento político, el vicepresidente de la Fundación Instituticonalidad y Justicia (Finjus) se la ha puesto difícil al Senado. Con todo y que en materia de privilegios por aquí se haya visto de todo, la observación del licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán pone a prueba no sólo cuestiones morales sino los principios legales que sustentan las labores del cuerpo que preside el licenciado Reinaldo Pared Pérez. Amén de que se trata de una ofensa a las necesidades de un pueblo plagado de limitaciones que en virtud del infame barrilito un senador se embolsille más de un millón de pesos mensuales. En medio de un proceso electoral el llamado de Castaños Guzmán podría no tener ningún eco. No importa, como advirtió el jurista, que el mecanismo constituya un instrumento que distorsiona la función de los congresistas y atente contra el sistema democrático. Pero de no actuar el Senado se evidenciaría como un ente al que no le preocupan los asuntos institucionales, sino personales.
El Nacional
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