Las imprecisiones que admitió el secretario de Interior y Policía sobre la reglamentación de armas de fuego dejan muy mal parada la burocracia y las estadísticas oficiales. La reacción y observaciones de supuestos morosos en la renovación de licencias es lo que ha llevado al doctor Franklin Almeyda a retractarse de las imputaciones. La gente no le da mucha importancia o siempre ha tenido sus dudas, pero el incidente plantea la necesidad de actualizar las estadísticas oficiales. Un funcionario que reivindica tanto celo en la aplicación de la ley no debe permitirse errores como en los que incurrió Almeyda con relación a los impuestos sobre armas de fuego. Bien haría en ordenar una exhaustiva investigación y, en consonancia con su discurso, adoptar las medidas correspondientes. Aunque no fuera con el propósito de hacer daño de lo que se trató no fue de un simple desliz, sino de informaciones desactualizadas y de desconocimiento en la aplicación de la ley. El daño está hecho y el problema es evidente.
El Nacional
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