Resulta exagerado el señalamiento de que a tres años de su proclamación, la nueva Constitución de la República es aún un pedazo de papel, aunque se admite que falta mucho trecho por recorrer hasta lograr que al Texto Sustantivo se le dispense absoluto respeto en su rol de garante de los derechos ciudadanos.

Esa Constitución, votada el 26 de enero de 2010, insertó en la sociedad dominicana la novedad de las Altas Cortes (Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral), que requieren todavía consolidar elevados niveles de confianza ante la ciudadanía y los actores judiciales.

Falta todavía la aprobación de numerosas leyes adjetivas que sirven de sustento a la Carta Magna, como las referidas a la protección de víctimas y testigos, control de legalidad de la administración pública, prescripción de los crímenes de prevaricación, rendición de cuentas del Poder Judicial, entre otros.

Como positivo se resalta que la población posee hoy mayor conciencia sobre la importancia de defender sus derechos constitucionales, incluido los derechos difusos, consagrados por vez primera en la Ley de Leyes, como los referidos al medio ambiente y violencia de género. Con atraso y dificultades, la sociedad dominicana avanza en materia de constitucionalidad.