El presidente de la Cámara de Diputados se ha convertido en la primera voz que desde el poder plantea su determinación de hacer todo cuanto esté a su alcance para revisar el contrato con la Barrick Gold.

Abel Martínez se basa en que han cambiado los factores iniciales que originaron el convenio para la explotación de los yacimientos auríferos de Pueblo Viejo, Cotuí.

Cuando se firmó, el precio de la onza de oro estaba a 300 dólares, pero en la actualidad se cotiza a alrededor de 1,654.

La compañía se compromete a dar un 28.75% de participación al Estado y pagar un 25% de impuesto sobre la renta una vez haya recuperado toda su inversión y obtenido una tasa de retorno de un 10%. Alienta que los recursos naturales encuentren dolientes en las esferas de poder, pero la determinación de Martínez no servirá de mucho si no encuentra respaldo siquiera entre sus colegas diputados. El contrato, que también facilita a la multinacional elevar su inversión, ha sido denunciado como leonino por diferentes entidades y expertos en la materia.