La disposición de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe al Gobierno utilizar recursos del Estado en la campaña electoral representa una medida bien intencionada. El problema no consiste única y exclusivamente en los programas sociales dentro de las actividades proselitistas de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En pleno centro de la ciudad suelen observarse vehículos oficiales o sin placa con promociones de los candidatos peledeístas. Esos vehículos circulan con combustibles y personal pagados por contribuyente. Pero algo es algo y es obvio que ante el abuso el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, ha cumplido al ordenar la prohibición. Pero además con lo que queda para las votaciones ya es muy poco lo que se puede hacer. Participación Ciudadana y el principal partido de oposición han denunciado el abusivo uso de los recursos públicos en beneficio de los candidatos del PLD. Las reglas, que existen, debieron aplicarse desde el principio.
El Nacional
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