Con el exabrupto de pedir a los empresarios que sacrifiquen una parte de las exenciones impositivas en favor del presupuesto para Educación, el presidente del Senado enciende más el debate en torno a la ley 66-97. Como congresista Reinaldo Pared Pérez puede presentar un proyecto para reducir el dos por ciento o eliminar las exenciones a los empresarios, equivalentes a un 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Es censurable la petición de Pared Pérez para justificar que el Gobierno viole una ley, como la que asigna el cuatro por ciento del PIB a Educación. Lo que ha debido el presidente del Senado es pedir al Ejecutivo que cumpla con la ley o que la elimine, en aras de la seguridad jurídica. Pero ha evidenciado que para él los intereses políticos son más importantes que los institucionales. Su embestida a los empresarios no es más que una provocación que se aparta incluso de la conciliación en torno al cuatro por ciento que procura el Gobierno. Reclamar que se cumpla con una ley no es para exabruptos.

