El Gobierno da palos políticos con los recortes presupuestarios para conjurar el déficit fiscal en que ha caído por el gasto sin control. De la misma forma en que no puede tocar el presupuesto del Poder Judicial tampoco puede hacerlo con la Junta Central Electoral (JCE). Sin embargo a esta entidad, como si se tratara de una dependencia del Gobierno Central y no de un organismo independiente, se propone reducirle un 12%, lo que sería además un atentado contra el proceso electoral. El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha advertido, con toda la razón del mundo, que sería catastrófico para el tribunal la reducción de un 12% de su presupuesto. El Gobierno puede suprimir el barrilito de los senadores, los ministros y viceministros sin funciones, los embajadores adscritos a la Cancillería, las nomillas y todas las botellas que drenan el Presupuesto. Pero reducir la asignación de la Junta no es sólo ilegal, sino que atentaría contra el montaje de las votaciones de 2012. A nombre de una crisis no se puede afectar el sistema institucional.
El Nacional
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