La Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continúan ampliando la recolección de evidencias en la investigación sobre el presunto desfalco en el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Aunque el proceso parecía haberse enfriado, desde la pasada semana han resurgido señales de avance con nuevos interrogatorios a funcionarios vinculados al sector de la seguridad social.

Una fuente ligada al Ministerio Público informó a El Nacional que entre los citados figuran el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, así como otros exfuncionarios requeridos por el órgano persecutor que tienen algo que aportar al Ministerio Público y a entregar documentación clave.

El MP se propone ofrecer antes de que finalice el año resultados concretos de esta investigación, iniciada desde el pasado año y que ha despertado suspicacias en sectores de la sociedad que reclaman respuestas y no confían en la justicia dominicana.

En septiembre, el director de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que se encuentran “dando los últimos toques” para completar el análisis de las irregularidades detectadas en Senasa.

Camacho recordó que desde julio se han realizado interrogatorios por anomalías dentro de la ARS estatal, y que se trabaja para judicializar el caso “en el menor tiempo posible”.

Las presuntas irregularidades en Senasa rondarían los 41 millones de pesos. Entre los hallazgos figura un esquema fraudulento que habría permitido que recursos de la ARS estatal fueran desviados mediante la autorización irregular de más de 4,000 procedimientos médicos que no se realizaron, pero sí fueron facturados.

De acuerdo con las denuncias, un “call center paralelo” manejado por exempleados de la institución habría operado el sistema de autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados.

También se cuestiona la modalidad de contratos bajo “pago capitado”, que compromete millonarios desembolsos mensuales sin garantías de supervisión efectiva sobre los servicios prestados.

El director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, negó categóricamente que exista desfalco.

Demanda de la sociedad

Participación Ciudadana demanda de una investigación profunda y transparente, ya que entiende que que el caso Senasa revela posibles irregularidades derivadas de fallas de control, prácticas corruptas y clientelares que pudieron afectar la entrega de medicamentos y pagos a prestadoras de servicios de salud, así como minar la sostenibilidad del sistema y la credibilidad institucional.