La Procuraduría General de la República recurrió por ante el Tribunal Constitucional (TLC) la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que condena al Estado Dominicano al pago de RD$10,912,792.00 a favor del piloto Affe Gutiérrez Gil, esposo de la presentadora de televisión Sahara Pepén.

El órgano acusador le notificó el recurso de apelación a Gutiérrez Gil en momentos en que éste se disponía a realizar una rueda de prensa, para dar a conocer la sentencia.

Se trata de la indemnización más alta impuesta contra el Estado Dominicano, por haber sido encontrado culpable de imponerle una prisión preventiva injusta y graves violaciones a los derechos humanos de un ciudadano.

La barra de la defensa de Gutiérrez Gil, esposo de la presentadora de televisión Sarah Pepén, integrada por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, recalcó que “El fallo constituye la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta, marcando un precedente en la historia del Derecho Administrativo dominicano y un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Mientras que Affe Gutiérrez Gil manifestó que “esta sentencia es algo simbólico, pues no hay nada material que nos devuelva el tiempo perdido, además por parte del órgano persecutor no ha existido una excusa pública por el abuso cometido y mucho menos persiguió a quienes nos ocasionaron este daño”.

La Procuraduría apeló el fallo que dispone una indemnización récord al esposo de Sarah Pepén, tras ser víctima de prisión preventiva y violaciones de derechos humanos

Recordó que su calvario judicial comenzó en 2008, poco después de su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. Según el expediente, tras esa unión, fue objeto de una persecución institucional injustificada que culminó con su expulsión de la Policía y su posterior sometimiento a la justicia bajo cargos de homicidio.

En 2009 fue apresado preventivamente y, pese a la falta de pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación. Un testigo clave admitió posteriormente haber recibido dinero para acusarlo falsamente, revelando un entramado de manipulación procesal que lo mantuvo encarcelado durante más de dos años y medio.

En su peregrinaje judicial, Gutiérrez Gil fue condenado en dos ocasiones a 30 años de prisión, ambas veces por tribunales que posteriormente fueron desautorizados y sus decisiones anuladas por la Corte de Apelación.

Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente de toda acusación, poniendo fin a un calvario judicial de casi una década de procesos, privaciones y sufrimientos.

Durante su encarcelamiento, realizó una huelga de hambre, fue víctima de dos intentos de asesinato dentro de la prisión y vio nacer a su hija tras las rejas, sin poder sostenerla en sus brazos.

A pesar de haber denunciado formalmente a los jueces y fiscales que participaron en el proceso, las autoridades ignoraron sus reclamos. Años más tarde, algunos de esos jueces fueron expulsados del Poder Judicial por “vender sentencias”, confirmando el patrón de corrupción que él había denunciado desde su celda.
En agosto 2020, Gutiérrez Gil presentó una demanda en responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República, reclamando una compensación de RD$100 millones por los daños físicos, psicológicos y profesionales sufridos.

La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció su condición de víctima del abuso de poder, declarando que el Estado actuó con arbitrariedad e inobservancia de las garantías constitucionales, y ordenó el pago de RD$10,912,792.00 como reparación moral, física y profesional.