SAN SALVADOR (Telesur). La Organización de Estados Americanos (OEA) finalizó su 41º Asamblea General, celebrada en El Salvador, con el compromiso de seguir realizando esfuerzos para fortalecer la seguridad ciudadana en el hemisferio, por lo que ordenó el diseño de un plan que deberá ser presentado en la próximo cita deliberativa prevista para realizarse en Bolivia el año entrante.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez,junto al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, consideró que el resultado de la Asamblea fue muy satisfactorio.

«Hemos aprobado un enfoque integral que aborda el problema de la inseguridad» y «logrado el compromiso» de ofrecer una respuesta coordinada, en base a la cooperación, a un problema que es «trasnacional», dijo Martínez en una rueda de prensa tras la clausura de la reunión de alto nivel.

El jefe de la diplomacia de El Salvador además sostuvo que la Declaración de San Salvador, aprobada por aclamación por los 22 cancilleres y demás representantes de los 34 miembros activos de la OEA, incluye «puntos básicos» del plan de acción para la seguridad ciudadana propuesto por su país, sin que precisara cuáles.

El plan que había propuesto El Salvador constaba de cinco puntos, entre ellos coordinación, prevención, rehabilitación a víctimas y legislación.

Por su parte, Insulza señaló que la complejidad del problema de la violencia y el crimen impide poner plazos para ver los resultados efectivos de un plan regional contra esos flagelos porque «la composición de la criminalidad es distinta».

«No podemos decir que están todos los países en la misma situación. Hay un grupo de países que tienen más dificultades que otros, pero eso no significa que en otros países no hayan crímenes ni delitos», dijo Insulza.

El secretario general, sin embargo, se mostró confiado en la capacidad de las naciones del continente para alcanzar consensos que permitan avanzar hacia ese objetivo.

El llamado «Plan de Acción Hemisférico», que deberá diseñar el Consejo Permanente de la OEA, tendrá que recoger el mandato de que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas que aborden el tratamiento de las causas que generan el crimen y la violencia.