En la reciente reunión con su gabinete ampliado, el presidente Leonel Fernández abogó por la adopción de medidas encaminadas a transparentar la administración pública e impedir los actos de corrupción. Se trata de un hecho que algunos saludarían, pero ¿por qué lo hace después de más de diez años de gobierno, de los cuales seis y tres meses son de forma consecutiva?

En esa reunión, Fernández planteó la creación de un ordenamiento jurídico eficiente, para supuestamente erradicar las conductas corruptas de las oficinas públicas, lo que hace colegir que todas las leyes que penalizan las irregularidades contra el erario son ineficientes. Permítame disentir de usted señor presidente.

En República Dominicana están las leyes que sancionan el peculado. Y los organismos encargados de prevenirlo y penalizarlo son múltiples. Tenemos a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Comisión de Ética, el Poder Judicial y la Dirección de Persecución de la Corrupción. Quizás olvidé alguno.

No veo necesidad de crear más organismos y leyes para prevenir y sancionar la corrupción, lo que ha faltado es voluntad de este y de los anteriores gobiernos de enfrentar y erradicar el robo de los recursos estatales, que pertenecen al pueblo dominicano.

En la campaña de 1996, Fernández, candidato del Frente Patriótico, condenó la corrupción administrativa, la cual ascendía, según sus estadísticas, a 30 mil millones de pesos al año, equivalente al presupuesto de la nación para la época.

Pensé que al asumir la jefatura del Estado, el presidente Leonel Fernández acabaría con la corrupción pública, pero, lamentablemente, después de más de diez años, no he observado prevención ni sanción contra este mal, por lo que reunir ahora al gabinete para tratar el tema me luce tarde y, en el fondo, observo propósitos políticos.