Tal parece que los congresistas tienen más miedo que el Diablo a la cruz a la aprobación de una ley tan fundamental para perseguir la corrupción como la de extinción de dominio.
Ni siquiera las presiones de Estados Unidos y organismos internacionales los ha animado a discutir un proyecto que desde hace años duerme en las cámaras legislativas el sueño de los justos. Ese proyecto permitiría la recuperación de los bienes adquiridos de manera ilícita.
Pero los legisladores, máxime los del PRM que son mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, se han rehusado, sabrá Dios por cuáles razones, a impulsar la pieza legislativa. Las iniciativas que se han anunciado se han quedado casi en el plano enunciativo, porque es poco o nada lo que se ha avanzado.
Parece que todos se sienten más cómodos con el barrilito y los privilegios de que disfrutan por la función de aprobar y velar por el cumplimiento de las leyes.
No les importa que por la no aprobación de la legislación se opaquen los avances en la lucha contra la corrupción ni que el país se prive de una significativa cooperación económica de Estados Unidos y la comunidad internacional.
